Por: Viviana Gómez y Ana Sofía Riaño

El acceso al sistema judicial es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado a los ciudadanos en cualquier momento, de forma efectiva, ágil y eficiente.  Las circunstancias de aislamiento preventivo, consecuencia de la pandemia por Covid -19, han impuesto un reto sin antecedente en nuestra historia reciente, para garantizar la eficacia de este derecho a través de la implementación de mayores mecanismos virtuales para facilitar el acceso al sistema judicial y el ejercicio del ius puniendi del Estado.  Esta brevísima reflexión parte de la preocupación que reflejan las estadísticas sobre la imposibilidad de una mayoría significativa de ciudadanos colombianos de contar con los mecanismos, o al menos no de calidad suficiente, para ejercer este derecho constitucional, y por lo tanto existe un enorme desafió para las autoridades competentes en punto de reforzar la institucionalidad que garantice tal acceso y que genere la suficiente confianza de acudir al sistema judicial, de manera que se evite el ejercicio de justicia por mano propia.

Afirmar que el acceso efectivo a la administración de justicia es un derecho[1] implica, además de otras consideraciones, que cualquier ciudadano debe tener la oportunidad mínima de poner en funcionamiento el aparato judicial para la protección de sus derechos, la presentación de sus pretensiones y la posibilidad de que los conflictos sean resueltos a través de los mecanismos legamente establecidos en nuestro ordenamiento jurídico[2]. Tal acceso efectivo implica no solo tener el suficiente conocimiento de cuáles son las herramientas al alcance, sino que las mismas puedan proveer una solución eficaz. En materia penal, el ciudadano debe tener la posibilidad de acudir a las autoridades para poner en movimiento el ejercicio punitivo del Estado, sin mayores exigencias que aquellos requisitos legalmente establecidos en el artículo 69 de la ley 906 para la procedencia de la denuncia[3].  

La ley 906 de 2004, en su artículo 11, desarrolla el precepto constitucional, estableciendo que la justicia debe ser cercana al ciudadano, facilitando su posibilidad de interactuar con los órganos de investigación, obteniendo el apoyo y la orientación debida, siempre dentro de un espacio que no se convierta en una revictimización o intimidación[4]. Tal norma consagra el derecho a tener un trato digno y humano dentro del proceso, ser protegido en su intimidad, recibir la información completa, contar con el apoyo de traductores o intérpretes, interponer recursos, entre otros[5]. Esto implica que debe haber un real acceso a la justicia para los ciudadanos, y para ello se han dispuesto diversos mecanismos y facilidades presenciales, en tiempos de normalidad, en el territorio nacional.

La pandemia del Covid-19, que ha obligado a modificar y a adaptar la gran mayoría de realidades alrededor del mundo, también ha llevado a que la administración de justicia deba reestructurar los mecanismos de acceso a la misma, permitiendo realizar trámites, como la presentación de denuncias, por medios virtuales y electrónicos.  Sin embargo, este avance depende, necesariamente, de la oportunidad que tengan los ciudadanos de contar con un servicio de internet y de disponer dispositivos electrónicos (tales como celulares, tabletas o computadores), ya que solo así pueden hacer uso de los protocolos que se han diseñado para acceder al sistema judicial.  Es en esta materia en la que se evidencia una enorme debilidad; según datos del DANE correspondiente al mes de agosto de 2019, el 52,7% de los hogares en Colombia tenía acceso a internet (fijo o móvil), existiendo departamentos como Vaupés, Amazonas y Guainía, que apenas alcanzan, respectivamente el 1,8%, 5.0% y 8.5% de población con acceso a internet.  Además, la misma entidad afirma que el 60,8% de personas en el país cuentan con un dispositivo electrónico (computador fijo, portátil, o tableta)[6]. A pesar de que durante la pandemia el gobierno ha hecho un esfuerzo por aumentar estas cifras[7], solo un poco más de la mitad de la población nacional tiene estos beneficios, que hoy son necesarios para ejercer sus derechos fundamentales.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional unieron esfuerzos en el 2017 y crearon la página web ADenunciar, con el objetivo de robustecer la capacidad del Estado y aumentar la recepción de denuncias para combatir la criminalidad.   A pesar de que la página promete disminución del tiempo para interponer la denuncia, facilidad por no tener que desplazarse del lugar y la descongestión de los centros de recepción, para abril de 2018, solo el 13%[8] de las denuncias se recibían por este canal; en el año 2019 apenas un 19.4% de las noticias criminales ingresaron por la referida plataforma[9].  Esto demuestra que los mecanismos virtuales o a distancia para poner en funcionamiento el sistema judicial no fueron hasta ahora efectivos. 

 De otro lado, los canales de comunicación telefónica establecidos a través de la línea 122 que se han implementado para facilitar tales labores e implican el mismo esfuerzo institucional de orientación al ciudadano;  aún no conocemos las cifras de efectividad de esta línea pero, en todo caso, deberá generar un espacio de confianza para que el ciudadano tenga la tranquilidad de comunicarse en un lenguaje amable y sencillo para que su requerimiento de atención en materia de justicia penal pueda ser procesado.  De la capacitación de la fuerza de atención de esta línea telefónica dependerá el nivel de confiabilidad para la ciudadanía, de eficacia en el acopio de la información suficiente para actuaciones posteriores y del establecimiento de parámetros claros y definidos que permitan orientar debidamente el curso de la reclamación del ciudadano; tal consideración deberá ser mucho mas exigente si esta atención telefónica se realiza a través de personas ajenas a la entidad (utilización de centros de llamadas que no atiendan funcionarios de la Fiscalía y/o la Policía Nacional).

Ahora bien, las dificultades de acceso pueden derivarse de diversas fuentes, más allá de los obstáculos tecnológicos, pudiendo tener una clara correlación con los índices de desconfianza de la ciudadanía en la administración de justicia, y en particular, de la Fiscalía General de la Nación.  Según reporte de la Corporación Excelencia en la Justicia, el nivel de calificación desfavorable de la Fiscalía General de la Nación es del 58%[10] y en general del sistema judicial es del 79%[11], lo cual refleja un enorme descontento en las actividades de este sector.

El replanteamiento de la atención presencial en tiempos de aislamiento no debe sacrificar ese deber que le asiste a la administración de justicia de satisfacer la demanda de sus servicios por parte de los usuarios.   La Fiscalía General de la Nación y las entidades de atención primaria (como la Policía Nacional) deben fortalecer la institucionalidad y reforzar la confianza que los ciudadanos deben tener en sus órganos de investigación.  

Ello significa que deben facilitarse los mecanismos de interposición de las denuncias; los portales disponibles en internet para la recepción de las mismas deben ser amables con el ciudadano sin descuidar los aspectos mínimos que debe contener una noticia criminal. También deben establecerse parámetros de orientación claros y de conocimiento público, ya sea en el asesoramiento telefónico o cuando se acuda a las vías establecidas en las páginas web de las entidades receptoras, para que el usuario pueda suministrar la información necesaria para que el aparato estatal actúe sino que deben flexibilizarse los canales de seguimiento del curso de la denuncia, (lo que usualmente solo podía hacerse de manera presencial acreditando la identidad del denunciante) respetando los derechos de habeas data, pero dándole prioridad al interés del denunciante en el curso de su proceso.  También deberán implementarse mecanismos virtuales de acompañamiento eficiente para la atención de víctimas y perjudicados de conductas punibles que le corresponden, en cualquier tiempo, a las autoridades. en materia penal. Y, finalmente, se requiere una adecuada capacitación a quienes atienden en el primer frente a los ciudadanos, pues dicha labor no solo permitirá acceder de manera eficiente al aparato estatal en procura de la protección o restablecimiento del derecho afectado con la posible comisión de un delito sino que permitirá identificar los hechos que sí tienen trascendencia penal, orientar adecuadamente al ciudadano, y evidenciar aquellos que requieren una intervención inmediata, tarea que de paso filtra de manera eficiente las verdaderas cuestiones de las que debe ocuparse la, tan congestionada, autoridad de investigación penal. 

La situación de confinamiento no puede, de ninguna manera, convertirse entonces en un obstáculo para la realización efectiva de un derecho fundamental propio del Estado social de Derecho que permita acceder de manera eficaz a la administración de justicia, máxime cuando los indicadores de confianza de la ciudadanía, en tiempos de normalidad, reflejan un claro descontento en la eficaz prestación de este servicio esencial.

[1] Constitución Política de Colombia. Artículo 229.

[2] Sentencia T 799 de 2011. Corte Constitucional. MP. Humberto Antonio Sierra Porto. Referencia: exp. T-3057830

[3] El referido artículo señala:  “La denuncia, querella o petición se hará verbalmente, o por escrito, o por cualquier medio técnico que permita la identificación del autor, dejando constancia del día y hora de su presentación y contendrá una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante. Este deberá manifestar, si le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos en conocimiento de otro funcionario. Quien la reciba advertirá al denunciante que la falsa denuncia implica responsabilidad penal.  En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento. La denuncia solo podrá ampliarse por una sola vez a instancia del denunciante, o del funcionario competente, sobre aspectos de importancia para la investigación. Los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos que permitan encauzar la investigación se archivarán por el fiscal correspondiente” En Sentencia C 1177 de 2005 la Corte Constitucional, siendo MP. Jaime Córdoba Triviño en valoración de exequibilidad de la referida norma, resaltó que los requisitos mínimos que debe contener la denuncia es la identificación clara de los hechos, de los autores (si se conocen) y del aporte del mínimo material probatorio que permita inferir que en efecto se requiere la activación del ius puniendi del Estado.

[4] Congreso de la República. Ley 906 de 2004. “Por el cual se expide el Código de Procedimiento penal.”

[5] Ibid. Art. 11.

[6] DANE. (2019) Boletín Técnico Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC en hogares y personas de 5 y más años de edad. Gobierno de Colombia.

[7] La silla vacía. (2020). Hay una Colombia para la cual internet no es una alternativa frente al coronavirus. Silla nacional.

[8] Fiscalía General de la Nación. (2018) ADenunciar y consolidación de estadísticas de criminalidad – Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional. Gobierno de Colombia.

[9] Corporación Excelencia en la Justicia (2019). Informe de Estadísticas del Sistema Penal Acusatorio (SPOA).

[10] Ver: https://cej.org.co/indicadores-de-justicia/confianza-y-corrupcion/opinion-ciudadana-acerca-de-la-fiscalia-general-de-la-nacion-colombia/

[11] Ver https://cej.org.co/indicadores-de-justicia/confianza-y-corrupcion/opinion-ciudadana-acerca-del-sistema-judicial-colombia/

Bibliografía:

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