Por: Paula Cadavid

El desenlace del proceso penal que se adelanta contra el ex Presidente Uribe evidencia las enormes diferencias que suponen para el ciudadano el hecho de ser investigado a través de las disposiciones previstas por la Ley 600 de 2000, o mediante la Ley 906 de 2004.

Y no se trata de mera divergencia ritual, sino de real respeto y garantía de los derechos fundamentales del procesado.

El ex Presidente Uribe fue privado de su libertad por la misma autoridad que decidió a qué testigos oír, qué preguntarles y cuándo llamarlos a declarar; que decidió qué documentos recaudar y qué teléfonos interceptar. Misma autoridad que valoró esas pruebas, estableció el peso de convicción de cada una y la legalidad de las mismas; y que llegó así a una conclusión respecto de los hechos sucedidos y de la responsabilidad penal del investigado. Y misma autoridad que, con base en esas pruebas que recaudó y que valoró, consideró necesario restringir su derecho a la libertad.

Ahora que el proceso se traslada a la Fiscalía y que, en virtud de la fecha de supuesta comisión de los hechos, debe surtirse con base en las disposiciones del sistema penal de tendencia acusatoria implementado en Colombia en el año 2004, no se presentará esa confluencia de poderes.

En esta actuación la Fiscalía podrá recaudar “evidencias”, que no pruebas -en tanto no habrán sido aún controvertidas por la defensa ni practicadas ante el Juez-, y podrá valorarlas para determinar si procede a citar al investigado a formulación de imputación o no, y si solicita en su contra la imposición de una medida de aseguramiento, y cuál. Pero no podrá tomar esas decisiones. Solo podrá hacerlo un Juez, tercero objetivo e imparcial al que el ente acusador tendrá que convencer no solo con argumentos sino con evidencias, y frente al cual la defensa tendrá plena capacidad de controversia y contradicción, para balancear el enorme poder de la Fiscalía a la hora de adoptarse decisiones de tal magnitud como estas, que comprometen el más caro de los derechos de los ciudadanos: su libertad.

Más allá de las discusiones en torno a la real y efectiva independencia de los jueces respecto de la Fiscalía, en tanto es ésta la autoridad que los investiga; o de la incidencia de los medios de comunicación en su objetividad e imparcialidad en casos de connotación, lo cierto es que la reforma del año 2005 introdujo un esquema procesal claramente más garante de los derechos del procesado. Esperemos que lo que viene en este proceso se apegue a la Ley.

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